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Consagra. Es la palabra que ha empleado el eurodiputado socialista José Blanco para valorar la manera en la que está recogido el autoconsumo en la nueva Directiva europea de Energías Renovables, que ha sido aprobada hoy por una mayoría absolutamente abrumadora: 495 votos a favor y 68 en contra. Blanco, que ha sido el ponente (redactor principal) de la nueva norma (que traza la hoja de ruta de la UE de aquí a 2030) considera que esta directiva “pone a Europa en la senda del cumplimiento de los Acuerdos de París y de los objetivos de desarrollo sostenible”.
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La plataforma Salvemos La Montaña ha convocado una manifestación en Cáceres, el sábado 14 de abril, y una marcha a Mérida para el mes de mayo, para mostrar su rechazo al proyecto de mina a cielo abierto que pretende realizar en el paraje de Valdeflores la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), y que sería "una amenaza" para la ciudad en cuestión medioambiental, de salud y económica. Varios miembros de este movimiento formado por diferentes profesionales y ciudadanos en general, que se creó en el verano del año pasado para movilizar a la sociedad contra este proyecto minero, han pedido a las administraciones local y regional que "no permitan que esto salga para adelante" porque sería "una amenaza para todos". 
Los directivos de TEL, Marco Antonio Sosa y David Valls, han mantenido este lunes una reunión con la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, y los concejales de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, Valentín Pacheco y Rafael Mateos, a quienes les han explicado, durante unas dos horas, los entresijos de este proyecto minero al que se opone el equipo de Gobierno cacereño y que ha causado un gran rechazo social en la ciudad. Sosa, en declaraciones a los medios tras la reunión, ha manifestado que la empresa "está acostumabrada" a que este tipo de proyecto cause este rechazo pero ha incidido en que el plan de restauración que se ha diseñado para el futuro, una vez concluya la explotación dentro de 24 años, "es muy potente" ya que prevé una inversión de 16 millones de euros y, además, "es un documento vivo" que puede cambiarse según los técnicos vayan aportando soluciones. 
La semana pasada el Partido Popular volvió a defender, contra toda lógica, el ‘impuesto al sol’. Esta vez fue en Europa, concretamente en el Parlamento Europeo, donde el PP se posicionó contra todos, incluidos sus compañeros conservadores, para evitar que se elimine el ‘impuesto al sol’. Los eurodiputados españoles del PP votaron a favor de mantener los intereses de las grandes eléctricas por encima de los derechos de los ciudadanos. Votaron por penalizar que la ciudadanía pueda producir su propia energía y por mantener un sistema injusto en el que los beneficios se anteponen a las necesidades de la sociedad. Y votaron en definitiva contra el uso racional de nuestros recursos y contra el medio ambiente.
La reserva hidráulica se encuentra al 36,7 por ciento de su capacidad total, después de perder esta semana 193 hectómetros cúbicos (el 0,3%), según informa el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que señala que los embalses guardan 20,575 hectómetros cúbicos.La media del decenio es un 48,25 por ciento superior y hace un año, en las mismas fechas, los embalses guardaban un 36,90 por ciento más agua que ahora.Estas cifras siguen manteniendo a 2018, una semana más, como el año con menos agua en los embalses en lo que va de siglo y el tercero peor desde que hay registros, ya que habría que remontarse hasta 1994, hace 23 años, para encontrar una cifra inferior, cuando en la semana 48 los embalses se situaban en el 36,11 por ciento. 
Iberdrola y Endesa calculan que pueden recibir más de 605 millones de euros como compensación por el pago de la ecotasa de Extremadura, un impuesto creado en el año 1997 que gravaba la generación de electricidad y que ha sido considerado como una doble imposición que afecta principalmente a la central nuclear de Almaraz.Las eléctricas -Iberdrola, Endesa y Gas Natural- han logrado ganar los juicios correspondientes a las liquidaciones que van de los años 2006 al 2009 pero el Tribunal Constitucional tiene que decidir todavía sobre el periodo que va desde el año 2010 al 2016.La Junta de Extremadura ha devuelto hasta el momento alrededor de 70 millones de euros por estos conceptos, lo que implicaría en el caso de tener que desembolsar todas estas cantidades una seria complicación financiera para esta autonomía.
