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Un año después de sufrir una de las peores olas de frío de su historia reciente, Europa se muere de calor. En pleno invierno. Puntos como España o Reino Unido han alcanzado sus temperaturas máximas absolutas durante el pasado mes de febrero. En los alrededores de Londres, por ejemplo, los termómetros se dispararon a los 21º C. En Tortosa la cifra alcanzó los alucinantes 27º C.¿Es normal? La respuesta es "no". Sabemos que las temperaturas globales están subiendo. 2018 se cerró como el cuarto año más cálido desde que hay registros, la mayor parte de ellos registrados consecutivamente durante el último lustro. La situación es de particular gravedad en el Ártico, donde el cambio climático está fusionando océanos, desplazando a osos polares y provocando lluvias allí donde debería estar nevando.
El Gobierno ha anunciado este jueves que no prevé alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años. Esto implica, según las fechas de inicio de las operaciones de los reactores que hay actualmente en funcionamiento en el país, que el parque nuclear echará el cierre en España en 2030.Así lo ha explicado en declaraciones a la prensa el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, quien ha recordado que estas centrales tienen un diseño para 40 años, por lo que el Ejecutivo no contempla alargar su vida útil. Pero espera que el abandono de la energía nuclear sea “escalonado”. 
Consagra. Es la palabra que ha empleado el eurodiputado socialista José Blanco para valorar la manera en la que está recogido el autoconsumo en la nueva Directiva europea de Energías Renovables, que ha sido aprobada hoy por una mayoría absolutamente abrumadora: 495 votos a favor y 68 en contra. Blanco, que ha sido el ponente (redactor principal) de la nueva norma (que traza la hoja de ruta de la UE de aquí a 2030) considera que esta directiva “pone a Europa en la senda del cumplimiento de los Acuerdos de París y de los objetivos de desarrollo sostenible”.
La plataforma Salvemos La Montaña ha convocado una manifestación en Cáceres, el sábado 14 de abril, y una marcha a Mérida para el mes de mayo, para mostrar su rechazo al proyecto de mina a cielo abierto que pretende realizar en el paraje de Valdeflores la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), y que sería "una amenaza" para la ciudad en cuestión medioambiental, de salud y económica. Varios miembros de este movimiento formado por diferentes profesionales y ciudadanos en general, que se creó en el verano del año pasado para movilizar a la sociedad contra este proyecto minero, han pedido a las administraciones local y regional que "no permitan que esto salga para adelante" porque sería "una amenaza para todos". 
Los directivos de TEL, Marco Antonio Sosa y David Valls, han mantenido este lunes una reunión con la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, y los concejales de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, Valentín Pacheco y Rafael Mateos, a quienes les han explicado, durante unas dos horas, los entresijos de este proyecto minero al que se opone el equipo de Gobierno cacereño y que ha causado un gran rechazo social en la ciudad. Sosa, en declaraciones a los medios tras la reunión, ha manifestado que la empresa "está acostumabrada" a que este tipo de proyecto cause este rechazo pero ha incidido en que el plan de restauración que se ha diseñado para el futuro, una vez concluya la explotación dentro de 24 años, "es muy potente" ya que prevé una inversión de 16 millones de euros y, además, "es un documento vivo" que puede cambiarse según los técnicos vayan aportando soluciones. 
La semana pasada el Partido Popular volvió a defender, contra toda lógica, el ‘impuesto al sol’. Esta vez fue en Europa, concretamente en el Parlamento Europeo, donde el PP se posicionó contra todos, incluidos sus compañeros conservadores, para evitar que se elimine el ‘impuesto al sol’. Los eurodiputados españoles del PP votaron a favor de mantener los intereses de las grandes eléctricas por encima de los derechos de los ciudadanos. Votaron por penalizar que la ciudadanía pueda producir su propia energía y por mantener un sistema injusto en el que los beneficios se anteponen a las necesidades de la sociedad. Y votaron en definitiva contra el uso racional de nuestros recursos y contra el medio ambiente.
