La Fiscalía General también impidió acusar al ex presidente de La Rioja Pedro Sanz

El expresidente de La Rioja junto a Rajoy

La Fiscalía General del Estado intervino en la investigación del chalé del ex presidente de La Rioja Pedro Sanz para cambiar el criterio de un informe fiscal inicialmente desfavorable para el actual vicepresidente del Senado. A finales de enero, esa causa por posible prevaricación urbanística fue archivada después de que el fiscal del caso terminase asumiendo que, aunque «hay indicios de la comisión de este delito», no son sin embargo «suficientes para ordenar la investigación penal».Esta condusta es coincidente en el tiempo con la orden emitida por la Fiscalía General, fundamentada en un estudio de su Secretaría Técnica, para que Anticorrupción se opusiera a la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, contra la posición de las dos fiscales del caso Púnica.

No ha sido ésta la única actuación en las últimas semanas desde la Fiscalía en sentido exculpatorio hacia un aforado del Partido Popular.

Fuentes de la Fiscalía señalaron a este periódico que el organismo que dirige José Manuel Maza también se comunicó a mediados de diciembre con el fiscal superior de La Rioja, Enrique Stern, para que remitiera a la Secretaría Técnica un informe jurídico detallado y específicamente referido a la situación legal del chalé construido en suelo no urbanizable de Villamediana de la Iregua por el ex presidente autonómico Pedro Sanz.

En concreto, el vicepresidente del Senado fue convirtiendo desde 1982 mediante sucesivas licencias y la permisividad municipal una pequeña caseta de labranza situada en suelo no urbanizable en un chalé de dos plantas y 155 metros cuadrados con jardín de más de 1.000.

A modo de ejemplo, la última autorización del Ayuntamiento, concedida en 2012 para cambiar tejas y cubrir una terraza, fue aprovechada por el ex presidente riojano para construir un porche de 40 metros cuadrados y cerrar el solario para ampliar la primera planta de la vivienda con un nuevo y amplio dormitorio, con sus correspondientes instalaciones de fontanería y electricidad, según un informe del arquitecto municipal emitido tras la denuncia de tres concejales de la oposición.

En esas circunstancias, que tuvieron repercusión en los medios regionales y nacionales, el alcalde decidió sin embargo no sancionar a Pedro Sanz y dio impulso en 2013 a un Plan General Municipal en tiempo récord que favoreció la regularización de la vivienda.

Sanz no estaba imputado ni se había solicitado aún su inculpación, pero una juez había dictado en octubre de 2016 un auto por el que abría una causa en la que ordenaba practicar una serie de diligencias para aclarar si los concejales del PP de Villamediana tenían «motivos espurios» para haber permitido en 2013 «la legalización de la vivienda familiar autónoma del entonces presidente del Gobierno de La Rioja».

La juez Esperanza Sánchez consideraba sospechosa la aprobación repentina de un Plan General Municipal con la declarada intención de regularizar 69 construcciones ilegales -entre ellas, la de Sanz- y señalaba que «podría evidenciar la realidad de una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo, sino de favorecer a una persona y unos intereses en particular».

Esa decisión del equipo de gobierno municipal fue visada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (Cotur), que tenía 11 miembros, de los que 10 eran cargos del Partido Popular.
Tormenta política

La iniciativa de la juez provocó una fuerte tormenta política en La Rioja, cuyo Gobierno autonómico, como sucede en Murcia, está sostenido por Ciudadanos. Esta formación, que en 2015 condicionó su apoyo a la investidura de un candidato del PP a que éste no fuera Pedro Sanz (que llevaba siendo presidente desde 1995), pidió ahora su dimisión como vicepresidente del Senado.

A requerimiento de la Fiscalía General, según fuentes de este organismo, el fiscal del caso, Luis Gómez de Segura, remitió a la Secretaría Técnica un primer informe en el que considera al ex presidente riojano presunto autor de un delito urbanístico próximo a prescribir, circunstancia que podía haberse evitado manteniendo la investigación ya iniciada por la posible prevaricación que habrían cometido el equipo de gobierno municipal del PP y los miembros de la Cotur que dieron el visto bueno al Plan General Municipal destinado a regularizar la vivienda.

A partir de esa misma tesis, el fiscal preparó otro informe, dirigido ya al juzgado, con el objetivo de que el nuevo juez del caso rechazase el recurso presentado por el alcalde de Villamediana que legalizó el chalé, y continuara investigando si la aprobación del Plan General Municipal perseguía beneficiar al ex presidente de La Rioja Pedro Sanz.

Sin embargo, el informe que finalmente llegó al procedimiento tras pasar por los recortes de la Secretaría Técnica respalda todos los argumentos del auto que dio inicio a la causa, para concluir sin embargo que debe archivarse, «no porque considere que no hay indicios de la comisión de este delito, sino porque los existentes no son suficientes para ordenar la investigación penal».

Comoquiera que la Fiscalía era la única acusación en las diligencias, el juez decidió archivarlas razonando que están fundamentadas en una «mera sospecha».

Comentarios
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Barto   |2017-02-16 21:27:19
Y hoy el ministro de justica del PP (NO DE LOS ESPAÑLES): Catalá carga contra
las fiscales del caso Púnica por no acatar el criterio de sus superiores y
negarse a firmar el escrito de Anticorrupción que pide no investigar al
presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez ...en fin y luego hablan de
Venezuela...
Max   |2017-02-16 21:28:18
Si el fiscal general dice por escrito que aunque haya indicios de delito del
presidente de La Rioja, esos indicios de delito no deben ser investigados, ...,
en qué clase de país bananero vivimos
luigi   |2017-02-16 21:29:26
...Y quieren que los fiscales lleven la instrucción de los asuntos
penales....mejor que los lleven los partidos directamente!
villacabalga   |2017-02-16 21:30:44
"Eso el fiscal te lo afina", dijo Fernández Díaz. Es una vergüenza
que la fiscalía sea garante de la legalidad de los que mandan en cada momento.
Pero a los extremos que ha llegado el PP es impensable. Y no pasa nada. Por
menos han caído regímenes en otros sitios.
Charlie   |2017-02-16 21:32:04
A ver si de una vez y ante las evidencias, comprendemos que no vivimos en
democracia, porque para ello los tres poderes deberían estar separados y no lo
están. Esto es una gran tomadura de pelo que nos cuesta carísima y que sirve
para que la gente sea cada vez más ignorante y más inconsciente. Deberíamos
pensar, cada uno, en su fuero interno, qué es esto, a quién sirve ir a votar y
obrar en consecuencia.
Arkansas   |2017-02-16 21:33:08
Hay indicios de delito pero no los suficientes para investigar ¡Eso no tiene
sentido! Si hay indicios una investigación es fundamental para aclarar si hubi
o no delito
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