Antonio Marcelo Vacas

Juan José Sánchez, propietario de discotecas en Don Benito, Coria y Talavera de la Reina, suscribió un contrato de arrendamiento con Vito y Pedro Rodríguez Santano (Aglosan), por 12.000 euros al mes (dos millones de las antiguas pesetas), para instalar un restaurante-pub y una terraza, “AIRES”, en el “PERÚ CACERES WELLNESS”.

El hombre invirtió 900.000 euros en el negocio pero hete aquí que cuando solicita la pertinente LICENCIA DE APERTURA el Ayuntamiento de Cáceres, en MARZO DE 2007, se la DENIEGA ya que el centro se ha construido en un terreno municipal que NO ERA APTO PARA USO COMERCIAL.

Paralelamente, como hemos descrito en el articulo precedente las obras del centro se iniciaron en marzo de 2004, y el lugar se inauguró el 7  de Mayo de 2007, por Rodríguez Ibarra entonces aún Presidente de la Junta de Extremadura, con la presencia del alcalde de Cáceres, Jose Mª Saponi, entonces responsable último de la legalidad urbanística cacereña, pues bien,  no es hasta el 10 de marzo de 2008 que la Consejería de Fomento aprueba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, relativa al equipamiento deportivo del Centro.

O sea, la obra del Centro se inició y terminó en la más completa de las ilegalidades, y es un año después de estar en funcionamiento las instalaciones deportivas del mismo, cuando estas se legalizaron, lo cual no ocurre con el equipamiento comercial, ILEGAL cuando se construyó, e ILEGAL en la actualidad.

En el Centro el Perú hay actualmente siete empresas y consecuentemente todas carecen de la preceptiva licencia de apertura.

En enero de 2008, Juan José Sánchez interpuso a través de su abogado Santiago Hurtado Simón, querella criminal por estafa contra Vito y Santano que correspondió por reparto al Juzgado de Instrucción nº4 de Cáceres.

En noviembre de 2008 la juez decidió archivar el caso, apelando el querellante ante la Audiencia Provincial de Cáceres quien mediante Auto 154/2009, revoca la decisión de la instancia judicial y dictamina que debe celebrarse juicio por estafa contra los querellados Roncero y  Santano al apreciarse indicios de engaño.

El Auto de la Audiencia Provincial, es sumamente significativo por cuando establece aspectos como el siguiente:

“y lo que es más relevante y lleva a entender que en principio la querellada ha cometido el delito de estafa (…)”

La decisión de la Sala de lo Penal de la A.P. ha originado que otras dos empresas sitas en el Perú, y que se consideran estafadas se han adherido a la querella del Sr. Sánchez.

Dada la gravedad de los hechos, podrían serles de aplicación el art. 250 del Código Penal, que establece una pena para este tipo de delitos de uno a seis años de cárcel, por lo cual y, a tenor también de lo que estipula el art. 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juicio podría celebrarse ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Cáceres, en lugar de ante el Juzgado de lo Penal que solo juzga delitos con penas de hasta 5 años de privación de libertad.

Según el letrado interviniente en la causa en representación de “Aires”: “todo el centro comercial de El Perú tendría que estar cerrado, porque ningún negocio tiene licencia de apertura, y eso es un peligro porque si ocurre algo, un accidente, no lo va a cubrir ningún seguro”.

 Y aquí entra en juego el aspecto jurídico administrativo y político del asunto.

La competencia en la materia corresponde primeramente al Ayuntamiento de la capital cacereña que tiene como propias las competencias en materia de disciplina urbanística y recaudación de impuestos y tasa municipales según se contempla, sin ánimo de exhaustividad normativa, en los arts. 25 y 106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Actualmente, si el asunto no ha prescrito, cualquier actividad que se desarrolle sin la preceptiva licencia de apertura, supone una sanción para su titular, y la obligación de legalizar la situación, circunstancia esta última imposible en el caso que nos ocupa debido a la calificación urbanística del suelo donde se ha edificado en Centro el Perú.

Pero existen todo un cúmulo de condicionamientos y dependencias. El “PERU CACERES WELLNESS” se construyó e inauguró dominando el Ayuntamiento de Cáceres el Partido Popular, siendo alcalde Jose Mª Saponi y concejal FELIPE DOMINGO VELA JIMÉNEZ.

O sea que responsabilidad en los hechos tienen y, quizás por ello desde que el asunto de la posible estafa con sus connotaciones políticas salió a la palestra, CALLAN.

En cuanto al resto de los grupos que ocupan hoy día la Corporación, Domingo Felipe, uno de los tres socios que gobiernan, y dirige Foro Ciudadano está en el mismo caso.

Santiago Pavón / IU, estamos a la espera de comprobar cual es su reacción.

Y, en cuanto a la alcaldesa, CARMEN HERAS PABLO, que ya debía haber reaccionado en la práctica, y no con mera palabrería con afán dilatorio ¿Cómo le va a cerrar el chiringuito a quien no sólo es su correligionario sino que ha compartido oposición en el Ayuntamiento ambos como concejales de la Secta?

¿Cómo va a poner en evidencia, aún más de lo que está, a quien inauguró el Centro en mayo de 2007, precisamente su protector político, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien la ha promocionado a los cargos políticos y de partido que hoy ocupa?

Menor pero alguna influencia también ejercerá Pedro Rodríguez Santano, habitual contratista de todas las administraciones públicas regionales quien, y es un suponer, si decidiera emular a “Pepe el del Santander” y largarse a la Pampa previa entrega en buenas manos de documentación comprometedora, podría hacer temblar los cimientos de muchos compartimentos del Régimen.

En definitiva el dúo Vito/Santano tiene unas influencias de armas tomar en esta región asolada por el caciquismo y, cuya única tabla de salvación parece encontrarse, y no siempre, en los Tribunales de Justicia porque, a nivel de administración pública, el grado de corrupción es realmente bananero o si se quiere magrebí.

Me comentan que quizás CARMEN HERAS PABLO, su alter ego Lorenzo Calle y el resto de la panda local, consideren que puede salvarse la ilícita situación legalizando el supuesto delito, recalificando la denominación urbanística del terreno donde se ubica el Perú a través del nuevo PGM en marcha, haciéndolo de uso comercial ¿CON EL VOTO DE FELIPE DOMINGO Y SANTIAGO PAVÓN?

Me comentan asimismo expertos en la materia que tal recalificación, en las circunstancias actuales, y con una intencionalidad clara de beneficiar a futuro a unos presuntos delincuentes , porque después de lo sucedido ya no les libra nada ni nadie del juicio penal, podría resultar ilícita y, prevaricadores quienes suscribieran tal recalificación, si el hecho se denuncia penalmente.

Lo que es una realidad irrefutable es que existe una patente ilegalidad, la existencia de una actividad comercial donde no debería existir y desarrollarse cotidianamente y, los responsables públicos de subsanar tal ilegalidad de inmediato, cada día que transcurre incurren en una dejación de obligaciones que se agrava progresivamente, lo cual, y deberían asesorase, es también una figura claramente TIPIFICADA.