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El presidente del Parlament, Roger Torrent, y miembros de la Mesa. El presidente del Parlament, Roger Torrent, y miembros de la Mesa. Europa Press La Mesa del Parlament ha aprobado presentar una querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al negarse a dejar acudir al pleno de investidura al candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez. Los miembros de la Mesa han decidido tramitar la querella a pesar del rechazo de los grupos de la oposición y de que los letrados del Parlament lo han desaconsejado ya que consideran que debería ser Sànchez a título personal o su grupo parlamentario quienes han de presentar la querella, y no la Mesa del Parlament.
En una reunión extraordinaria de la Mesa, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha planteado esta iniciativa después de que Llarena prohibiera a Jordi Sànchez salir de la cárcel para participar en el pleno de su investidura como presidente de la Generalitat, que tenía que celebrarse este viernes y que fue finalmente desconvocado. La propuesta la han avalado JxCat y ERC, que tienen mayoría en la Mesa, mientras que los Comunes comparten la idea pero han recomendado optar por otras vías por las "dudas jurídicas" que tienen; y PSC y Ciudadanos han votado en contra (CUP y PPC no tienen derecho a voto).
De la querella, que se plantea interponer contra Llarena pero también está abierta a todos los magistrados de la Sala Penal del Supremo, se han encargado ya a los servicios jurídicos del Parlament, pese a que estos han mostrado sus reticencias. Según fuentes parlamentarias, los letrados han expresado de forma verbal "diversas objeciones respeto a la viabilidad" de que el Parlament como institución presente una querella por prevaricación contra un magistrado del Supremo. Ciudadanos, según fuentes del grupo, ha advertido de que se trata de una querella "temeraria" y se ha opuesto a que se puedan destinar recursos públicos a lo que considera que es el "interés de un particular" (Jordi Sànchez), al tiempo que ha advertido del riesgo de incurrir en un delito de malversación, algo que comparte también el PPC. Los Comunes, pese a compartir la necesidad de dar una respuesta a la decisión de este jueves de Llarena, han expresado también dudas jurídicas y han planteado pedir un informe a un abogado penalista externo para que determine si el Parlament puede presentar una querella, habida cuenta de que los letrados de la Cámara no son expertos en derecho penal.
Esta propuesta sin embargo ha sido descartada por la mayoría independentista de JxCat y ERC (la CUP no tiene voto en la Mesa), que quiere que la querella la elaboren exclusivamente los servicios jurídicos de la Cámara, con lo que se evitarían pagos a profesionales externos. JxCat y ERC sí que han aceptado en cambio la otra propuesta de Catalunya en Comú-Podem: estudiar la posibilidad de presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras se redacta la querella.
